El estándar internacional no es un adorno académico: cada obligación mexicana de PLD/FT es la traducción de una Recomendación del GAFI, y las evaluaciones mutuas son la razón por la que el marco nacional se reforma cada pocos años. Quien renueva su certificación ya sabe qué es el lavado de dinero; lo que necesita es reconocer qué cambió en el estándar y por dónde llegará la próxima reforma interna.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) se creó en 1989 por iniciativa del G-7 y publica desde entonces un cuerpo de Recomendaciones que la versión de 2012 integró en un solo documento de 40, absorbiendo las nueve Recomendaciones Especiales sobre financiamiento del terrorismo. La Recomendación 1 introdujo el enfoque basado en riesgos como columna vertebral de todo el sistema; la 10 fija la debida diligencia del cliente; la 11 la conservación de registros; la 12 las personas expuestas políticamente; la 16 la regla de viaje en transferencias electrónicas; la 20 el reporte de operaciones sospechosas; la 24 y la 25 la transparencia del beneficiario final; la 6 y la 7 las sanciones financieras dirigidas contra el terrorismo y la proliferación.
La Metodología de Evaluación mide dos cosas distintas que conviene no confundir: el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones, calificado como Cumplida, Mayormente Cumplida, Parcialmente Cumplida o No Cumplida, y la efectividad, medida sobre once Resultados Inmediatos con niveles Alto, Sustancial, Moderado o Bajo. Un país puede tener leyes impecables y efectividad baja: es exactamente el diagnóstico que México ha recibido en materia de investigación y sanción.
México es miembro pleno del GAFI y del GAFILAT, el organismo regional de estilo GAFI para América Latina, creado en 2000 como GAFISUD y renombrado en 2014. La Unidad de Inteligencia Financiera participa además en el Grupo Egmont, la red que permite el intercambio de inteligencia financiera entre unidades homólogas sin pasar por la asistencia jurídica mutua formal. A esto se suman los convenios de Naciones Unidas (Viena 1988, Palermo 2000, Mérida 2003 y el Convenio de 1999 sobre financiación del terrorismo) y los estándares del Comité de Basilea y del Grupo Wolfsberg, que no obligan jurídicamente pero se citan en las evaluaciones y en los contratos de corresponsalía.
1. ¿Qué naturaleza tiene el Grupo de Acción Financiera Internacional respecto de los países que integran su membresía?
El GAFI se constituyó en 1989 como grupo intergubernamental sin la estructura de un organismo internacional clásico; sus 40 Recomendaciones son estándares y no tratados. La presión efectiva no proviene de una sentencia sino del costo de aparecer en un listado público.
2. ¿En qué año y por iniciativa de qué foro se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional?
La cumbre del G-7 de París de 1989 creó el GAFI con el mandato inicial de combatir el lavado procedente del narcotráfico. Las demás fechas corresponden a hitos reales pero distintos, y el examen las usa como distractores: 1988 es el Convenio de Viena, 1995 la fundación del Grupo Egmont y 2000 la Convención de Palermo.
3. ¿Qué ocurrió con las nueve Recomendaciones Especiales sobre financiamiento del terrorismo en la revisión del estándar de 2012?
Las nueve Recomendaciones Especiales quedaron integradas en el cuerpo de las 40 Recomendaciones del GAFI con la revisión de 2012, de modo que hoy existe un solo estándar internacional. Un oficial que todavía habla de «40 más 9» está citando una arquitectura desaparecida hace más de una década.
4. ¿Cuál es el contenido nuclear de la Recomendación 1 del GAFI?
La Recomendación 1 introdujo el enfoque basado en riesgos como principio rector de todo el estándar, obligando a evaluar antes de decidir la intensidad de las medidas. Las otras tres opciones describen con exactitud el contenido de las Recomendaciones 3, 11 y 6: el error típico no es ignorar el contenido sino asignarlo al número equivocado.
5. ¿A qué materia corresponde la Recomendación 10 del GAFI?
La Recomendación 10 define la debida diligencia del cliente y enumera taxativamente cuándo resulta obligatoria. Es la Recomendación que las Disposiciones mexicanas del artículo 115 traducen con mayor detalle, y de ahí que su articulado nacional sea el más extenso del capítulo de identificación.
6. ¿Qué plazo mínimo de conservación de registros exige la Recomendación 11 del GAFI a las instituciones financieras?
El estándar internacional fija cinco años como plazo mínimo, computados desde el fin de la relación comercial o desde la operación ocasional. México es más exigente que ese piso en el sector financiero, y la diferencia entre mínimo internacional y regla nacional es justo lo que el examen comprueba.
7. ¿Qué exige la Recomendación 12 del GAFI respecto de las personas expuestas políticamente extranjeras?
La Recomendación 12 no prohíbe la relación: impone medidas reforzadas de detección, autorización, indagación patrimonial y vigilancia continua. La prohibición absoluta es un distractor recurrente y sería además inaplicable en la práctica bancaria de cualquier país.
8. ¿Qué principio consagra la Recomendación 16 del GAFI, conocida como regla de viaje?
La regla de viaje de la Recomendación 16 del GAFI obliga a que los datos del ordenante y del beneficiario viajen con la transferencia, de forma que cualquier eslabón intermedio detecte operaciones incompletas. El umbral internacional de referencia se fija en mil dólares o euros para las transferencias transfronterizas ocasionales.
9. Conforme a la Recomendación 20 del GAFI, ¿cuándo nace la obligación de reportar una operación sospechosa?
El estándar de la Recomendación 20 es de sospecha y no de certeza ni de condena, y exige que el reporte se presente con prontitud. Condicionarlo a una sentencia o a un requerimiento de autoridad invertiría la lógica preventiva: el sistema dejaría de anticipar para limitarse a confirmar.
10. ¿Qué dos protecciones establece la Recomendación 21 del GAFI en favor de quien reporta de buena fe?
La Recomendación 21 protege a la institución y a su personal frente a responsabilidad civil, penal o administrativa por revelar información al reportar de buena fe, y en paralelo prohíbe la revelación al cliente, conducta conocida como tipping-off. Las dos caras son inseparables: se protege a quien reporta y se castiga a quien avisa.
11. ¿Qué materia regulan conjuntamente las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI?
La Recomendación 24 aborda las personas jurídicas y la 25 las demás estructuras jurídicas, exigiendo información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final accesible a las autoridades. Este par de Recomendaciones explica la aparición de obligaciones fiscales de beneficiario controlador en México.
12. ¿Qué ampliación experimentó la Recomendación 15 del GAFI a partir de 2019?
El GAFI incorporó los activos virtuales al glosario en 2018 y aprobó en 2019 la nota interpretativa que somete a los proveedores de servicios de activos virtuales a licencia o registro, supervisión, debida diligencia y regla de viaje. Es una ampliación que no existía en el temario de hace cinco años.
13. ¿Cuál es la diferencia entre las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI?
Ambas Recomendaciones exigen congelamiento sin demora, pero responden a regímenes distintos del Consejo de Seguridad. Distinguirlas importa porque las listas, los criterios de designación y las excepciones humanitarias no coinciden entre uno y otro régimen.
14. ¿En qué sentido reorientó el GAFI la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro?
La revisión corrigió una consecuencia no deseada del texto anterior: países que aplicaban controles indiscriminados a todo el sector, con efectos sobre el espacio cívico. El GAFI exige ahora identificar el subconjunto de organizaciones realmente expuestas al abuso terrorista.
15. ¿Qué dos dimensiones distintas mide la Metodología de Evaluación del GAFI en una evaluación mutua?
La metodología separa el cumplimiento técnico, que examina si las normas existen y cómo están redactadas, de la efectividad, que examina si el sistema produce resultados. Un país puede obtener buenas calificaciones técnicas y niveles bajos de efectividad, combinación que las evaluaciones recientes documentan con frecuencia.
16. ¿Cuáles son las calificaciones posibles de cumplimiento técnico en una evaluación mutua del GAFI?
Las cuatro calificaciones de cumplimiento técnico de la Metodología de Evaluación del GAFI son Cumplida, Mayormente Cumplida, Parcialmente Cumplida y No Cumplida, con la mención adicional No Aplicable. La escala Alto, Sustancial, Moderado y Bajo existe realmente pero pertenece a la medición de efectividad: es el intercambio de escalas lo que el reactivo pone a prueba.
17. ¿Cuántos Resultados Inmediatos utiliza la Metodología del GAFI para medir la efectividad de un sistema nacional?
La efectividad se mide, en la Metodología de Evaluación del GAFI, sobre once Resultados Inmediatos que cubren riesgo, supervisión, medidas preventivas, beneficiario final, inteligencia financiera, decomiso, terrorismo y proliferación. El número es un dato que las guías de estudio suelen omitir y el examen no.
18. En la metodología del GAFI, ¿qué evalúa el Resultado Inmediato relativo a las medidas preventivas?
Ese Resultado Inmediato de la Metodología del GAFI evalúa el comportamiento real del sector privado: si conoce sus riesgos, aplica debida diligencia, detecta y reporta. Las demás opciones describen Resultados Inmediatos existentes pero distintos, dedicados a la persecución penal, al decomiso y a la cooperación internacional.
19. ¿Cómo se denominan los dos listados públicos que el GAFI actualiza en cada plenaria?
Los nombres que emplea el GAFI en cada plenaria son jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción y jurisdicciones bajo monitoreo intensificado. Usar el nombre coloquial no es grave, pero confundir el efecto de una y otra sí lo es: sólo la primera puede activar contramedidas.
20. Un banco mexicano recibe la solicitud de abrir cuenta de una sociedad constituida en una jurisdicción incluida por el GAFI bajo monitoreo intensificado. ¿Qué tratamiento corresponde?
La inclusión bajo monitoreo intensificado no implica contramedidas obligatorias: lo que activa, conforme a la Recomendación 19 del GAFI, es la exigencia de considerar el riesgo geográfico. El rechazo automático sería una decisión no fundada en riesgo, y abrir sin análisis dejaría a la institución sin evidencia frente al supervisor.
21. ¿Qué es el GAFILAT y qué relación guarda con el GAFI?
El GAFILAT nació en el año 2000 como GAFISUD y fue renombrado en 2014 tras incorporar países de Centroamérica y del Caribe. Sus informes de evaluación mutua siguen el mismo formato que los del GAFI, lo que permite comparar jurisdicciones dentro y fuera de la región.
22. ¿Cuál es la función principal del Grupo Egmont en la arquitectura internacional de prevención?
El Grupo Egmont, constituido en 1995, es la red operativa de unidades de inteligencia financiera y su valor está en la velocidad: evita el circuito lento de la asistencia jurídica mutua. No emite estándares ni evalúa países, funciones que corresponden al GAFI y a sus organismos regionales.
23. ¿Qué condición esencial exige el Grupo Egmont respecto del uso de la información intercambiada entre unidades de inteligencia financiera?
El principio de uso limitado gobierna todo el intercambio del Grupo Egmont, de modo que el empleo probatorio o la transmisión a terceros exige consentimiento previo. Romper ese principio es la vía más rápida para que una unidad quede excluida del canal, con perjuicio para todo el país.
24. ¿Qué aportó el Convenio de Viena de 1988 a la construcción del régimen internacional contra el lavado de dinero?
El Convenio de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes abrió la vía de la criminalización del blanqueo, aunque limitada a un solo delito subyacente. La ampliación del catálogo llegaría después con la Convención de Palermo del año 2000.
25. ¿Qué instrumento internacional amplió el catálogo de delitos precedentes del lavado más allá del narcotráfico?
La Convención de Palermo del año 2000 exigió aplicar el delito de blanqueo a la gama más amplia posible de delitos determinantes, superando la limitación del Convenio de Viena. La Convención de Mérida es posterior y se enfoca en corrupción, incluida la recuperación de activos.
26. ¿Qué particularidad tiene la Convención de Mérida de 2003 desde la perspectiva mexicana?
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se abrió a firma en Mérida, Yucatán, en diciembre de 2003, y su capítulo de recuperación de activos es la principal novedad frente a instrumentos anteriores. Ningún tratado creó el GAFI, que nació de una decisión política.
27. ¿Qué caracteriza al régimen de sanciones derivado de la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
El régimen iniciado con la resolución 1267 se distingue porque las designaciones las adopta un comité del Consejo de Seguridad y obligan a todos los Estados por igual. La resolución 1373 obliga en cambio a designar por criterios propios, y esa diferencia de origen es la que suele preguntarse.
28. ¿Qué significa la exigencia de congelamiento sin demora en los regímenes de sanciones financieras dirigidas?
Las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI interpretan «sin demora» como cuestión de horas e insisten en la ausencia de aviso previo al titular. Someter el congelamiento a audiencia previa u orden judicial anticipada vaciaría de contenido el mecanismo, aunque el control jurisdiccional posterior sí exista y sea exigible.
29. ¿Qué régimen de sanciones del Consejo de Seguridad se asocia con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva?
Los regímenes de no proliferación que la Recomendación 7 obliga a implementar son los relativos a Corea del Norte y a Irán, con congelamiento de activos y prohibición de poner recursos a disposición de las personas designadas. La resolución 1373 pertenece al régimen antiterrorista.
30. ¿Qué aporta el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea al marco de prevención de lavado de dinero?
El Comité de Basilea no emite normas obligatorias sino orientaciones supervisoras; su documento sobre gestión adecuada de los riesgos vinculados al lavado conecta la prevención con el consejo de administración. Se cita en evaluaciones y contratos, pero no desplaza al estándar del GAFI.
31. ¿Qué es el Grupo Wolfsberg y qué tipo de documentos produce?
El Grupo Wolfsberg reúne a un número reducido de bancos globales, y sus principios sobre banca privada, corresponsalía y financiamiento del comercio se han convertido en práctica de mercado. Su cuestionario de debida diligencia se exige de hecho en muchas relaciones internacionales, aunque ningún ordenamiento lo imponga.
32. En la terminología del GAFI, ¿qué sectores integran las actividades y profesiones no financieras designadas?
La categoría comprende esos sectores cuando participan en las operaciones definidas por el estándar, no en toda su actividad. El régimen mexicano de Actividades Vulnerables es la traducción nacional de la categoría, aunque no coincida fracción por fracción con la lista internacional.
33. ¿En qué momento se activa la obligación de debida diligencia de un abogado o contador conforme al estándar internacional?
La Recomendación 22 del GAFI acota la obligación a un catálogo de operaciones: compraventa de inmuebles, administración de dinero o valores, gestión de cuentas y creación o administración de personas jurídicas. Fuera de ese catálogo, y en particular en la representación en juicio, la actividad no queda sujeta al régimen preventivo.
34. ¿Qué distingue la cooperación entre unidades de inteligencia financiera de la asistencia jurídica mutua?
La diferencia decisiva está en el producto: el canal del Grupo Egmont genera inteligencia, y las Recomendaciones 37 y 38 del GAFI regulan la vía que genera prueba. Confundirlas lleva a expedientes penales que se caen en audiencia porque el material se obtuvo por un canal que no estaba destinado a producir prueba.
35. La unidad de inteligencia financiera mexicana recibe de una homóloga extranjera información sobre una cuenta y desea aportarla como prueba en un proceso penal. ¿Qué debe hacer?
El canal del Grupo Egmont opera bajo el principio de uso limitado, de modo que el empleo probatorio exige consentimiento expreso de la unidad emisora; en su defecto procede la asistencia jurídica mutua de la Recomendación 37. Saltarse ese paso compromete la admisibilidad del material y el acceso futuro del país al canal.